LOS 100 DÍAS DEL PRESIDENTE MEDINA

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uando comienza un nuevo Gobierno, siempre se habla de los 100 días, como una expresión de tolerancia y espera de presentación de líneas que podrían aparentar definiciones del estilo de gobernar.

Los hechos que han caracterizado este lapso,  desde la toma de posesión del Presidente Danilo Medina, no indican tolerancia ni tampoco eficiencia,  y mucho menos eficacia gerenciales.

Para la oposición,  somos reiterativos al afirmar que no es serio exigir a otras personas lo que no se  ha hecho o no haría en situaciones similares. Y mucho menos en tan corto tiempo.

Para el Gobierno, mantener en las funciones a funcionarios que, sin lugar a dudas,  cometieron graves errores, no es un comportamiento indicador de perspectivas de rectificación.

La llamada reforma fiscal, es la mejor demostración de que, por  incapacidad o mala fe, no se percibe la intención  de orientar una política económica promotora del desarrollo en función del bien común.

Cualquier persona con algunos conocimientos y experiencia en economía, sabe muy bien que la política fiscal y la política monetaria, constituyen las dos variables fundamentales de la política económica. La primera,  programa usar con racionalidad los ingresos que con equidad y justicia recibe de los contribuyentes; y la segunda, se  orienta al uso racional del dinero con miras a la estabilización en función del crecimiento sostenible.

II

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esde que se dio a conocer la propuesta presentada por el equipo económico, antes de mandarla al Congreso, tras un rechazo generalizado, ya sufrió modificación.

Luego de una aprobación al vapor, por parte de los congresistas, en tan solo dos semanas, inmediatamente fue propuesta y aprobada una ley para complacer a los compradores por internet.

Desde el principio se observan claramente dos líneas en “la reforma fiscal: favorecer a los poderosos y oprimir aún más a la clases media y baja.

Quienes  en el pasado Gobierno llamaron “reforma fiscal” al incremento del ingreso por la vía más fácil que es el impuesto al consumo, son los mismos protagonistas en el presente y han seguido un comportamiento similar.

Quisiéramos creer que esa no es la intención del presidente Medina.  Por esto queremos decirle: ¡Despierte, Señor Presidente!.

En razón de que el Estado es el rector del bien común y su Gobierno el conjunto de funcionarios al servicio del bienestar colectivo, el presupuesto estatal, como instrumento de ejecución de la política fiscal, estima primero los egresos en que hay que incurrir para satisfacer las necesidades de los gobernados y, a partir de ahí, establece  los ingresos requeridos y factibles. 

El proceso de aprobación de la llamada reforma fiscal, ha sido motivo de  protestas con consecuencias tan graves como la muerte de un estudiante de medicina que podría haber puesto su conocimiento al servicio de la vida.

Algunos afirman  que “la reforma fiscal” es un mal menor. Por supuesto, la mayoría de los funcionarios públicos que reciben sueldos elevados están muy contentos porque seguirán cobrando una suma que muchos de ellos jamás recibirían en el sector privado.

Lo peor de todo,  es que funcionarios de organismos financieros internacionales,  como el Banco Mundial, no entiendo si por mala fe o ignorancia, se atrevan a justificar elevar las cargas tributarias bajo el argumento de que “RD siempre ha cobrado pocos impuestos”.

Lo que no se dice es que aquí son las clases media y baja las  que más pagan  porque se trata de impuestos a los consumidores, incluyendo los desempleados. Esto,  sumado a la especulación,  se convierte en un doble elemento inflacionario.

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emos  insistido en la necesidad de una reforma fiscal con características totalmente diferentes a la aprobada, partiendo del concepto mismo política fiscal,  de la que se desprenden las siguientes variables: a) en el presupuesto estatal, se estiman primero los egresos según las necesidades reales de la sociedad,  representada por el Estado  como administrador del bien común; b) se establecen las prioridades según las exigencias para elevar la calidad de vida de todo el pueblo; c) se calculan los ingresos cotejando las carencias,  según su urgencia,  con la capacidad tributaria de las personas físicas y morales.

Los desembolsos deben orientarse en dos direcciones: a) gastos, destinados a la nómina de los funcionarios públicos y las necesidades inherentes a estas funciones hasta el monto requerido para la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos; b) inversiones destinadas a crear la infraestructura humana y física para impulsar el desarrollo.

Los ingresos tributarios deben proceder: a) de los beneficios empresariales porque el pago se hace después de haber cumplido con todos sus gastos, b) de las personas físicas y morales de altos niveles de ingreso, incluyendo los profesionales liberales.

Bajo las actuales circunstancias, una fuente de altos ingresos sería la reducción a su mínima expresión del sacrificio fiscal que supone las exoneraciones  y las evasiones impositivas. Son injustificables  los privilegios otorgados en  favor de personas y entidades, incluso empresas.

Tampoco son moralmente admisibles los subsidios a empresa de servicios públicos, comenzando por la CDEEE,   que  esconden incapacidad gerencial y corrupción administrativa disfrazadas de costo

Insistimos, una vez más, en que la CDEEE debe ser una empresa con  una estructura  en donde converjan 3 gerencias: generación, distribución y superintendencia, de capital mixto entre el Estado y sus usuarios, especialmente los industriales y los municipios. Y que el criterio fundamental de gerencia eficiente y eficaz sea costos reales e ingresos por servicios prestados, de modo que cada usuario pague ni más ni menos lo consumido.

III

Es evidente que, en la denominada “reforma fiscal” no se ha procedido  con criterio de eficiencia y eficacia gerenciales. Simplemente se ha calculado cómo incrementar los ingresos de la manera más fácil.

Nuestra propuesta consiste en un cambio estructural de los egresos, fusionando todas las funciones que representan actividades similares y unificando  en un solo ministerio diversos cargos cuyos servicios pueden ser rendidos desde una dirección general.

Un Gobierno como el dominicano, para un pueblo de alrededor de doce millones de personas,  sería suficiente una estructura con una  docena de ministerios y dos docenas de viceministerios, uno administrativo y otro técnico; además de los directores y otros empleados de menor rango requeridos para que el Estado pueda cumplir su rol de rector del bien común.

Este criterio de austeridad  es aplicable, también, a los demás poderes del Estado, los municipios, los organismos descentralizados, las empresas estatales  y el servicio exterior.

Y que no se diga  que las leyes lo impiden,  porque de la misma manera que el proceso de aprobación de la llamada reforma fiscal  duró poco más de dos semanas, se pueden también modificar las leyes.

Y si el PLD,  con el poder decisorio que posee,  no es capaz de aprobar un cambio estructural del presupuesto para orientarlo hacia un desarrollo integral en función del bien común, respondiendo a una nueva propuesta del Poder Ejecutivo, entonces habría que usar la expresión conocida: “con amigos así no se necesitan enemigos”.

El Licenciado  Danilo Medina,  no debe ignorar que él es el Presidente de todos los dominicanos y que la Historio lo juzgará con justicia, según sus hechos, y que ésta es tan excelsa en la premiación como severa en la sanción.

(Editorial de la edición octubre - diciembre de 2012 de la revista "HUMANISMO INTEGRAL": "LOS 100 DÍAS DEL PRESIDENTE MEDINA Y SU PROPUESTA FISCAL".)