ANÁLISIS ECONÓMICO
ABRIL - JUNIO 2013
l endeudamiento
público, las quejas de CODOPYME, Tarjeta de crédito, baja calidad y altos
precios de alimentos y medicina, ganancias excesivas del sector financiero,
exportación de metales, comportamiento
de la Barrick Gold; interés de algunos
por el cooperativismo y rechazos de otros, elevada proporción de la economía de
servicio, son temas económicos que, de manera muy particular, nos mueven a reflexión.
Queremos compartir con los lectores de Humanismo
Integral, algunas inquietudes que, a nuestro entender, frenan el desarrollo del
país, y son expresiones de injusticias, generadores de violencia y,
consecuentemente perturban la paz personal y social,
Llama
particularmente la atención que muchos de estos problemas son criticados por
los funcionarios que el pueblo les paga para solucionarlos. La denuncia no es
rol del funcionario, sino programar la solución en un proceso dinámico a corto,
mediano y largo plazo.
La crítica, es
el papel de las autoridades morales, cívicas y religiosas, cuya validez ética
supone presentar las soluciones, encarnando siempre, con su estilo de vida, el cumplimiento de sus deberes en el ámbito
que le corresponde, pues carece de seriedad reclamar a otros lo que en una
situación similar el reclamante no haría.
El endeudamiento público, lejos de disminuir, se ha
incrementado, con su secuela de encarecimiento de los servicios, hipoteca de
los futuros ingresos, dependencia del poder
financiero, inequidad entre gasto
e inversión públicos, en definitiva, freno al desarrollo del país.
Las pequeñas y
medianas empresas se quejan de que son discriminadas en las compras estatales.
Existe consenso
entre los que procuran el desarrollo integral, que éste se alcanza mediante la
participación de todos los miembros de la sociedad en todas sus riquezas. Dicho
de otra manera, el verdadero desarrollo descansa esencialmente en la pequeña y
la mediana empresa de autogestión y de cogestión, como son las cooperativas.
Es indudable que
la tarjeta de crédito es uno de los peores medios de empobrecimiento. Todo
crédito supone hipotecar los ingresos futuros.
A los educadores
académicos, religiosos, radiales, televisivos, etc., les corresponde educar
para el uso racional del ingreso; a los organismos financieros del Estado,
establecer las normas reguladores que orienten el uso del dinero hacia el
desarrollo en función del bien común, y, sancionar a los delincuentes que las
violen.
Venta de
productos vencidos, medicina falsificada es un atentado contra la vida. Los mercados
desempeñan un papel fundamental en la economía, como medio de distribución,
cuyos empresarios tienen derecho a obtener unos beneficios lícitos respetando
el principio de equidad y calidad tomando en cuenta que el fin de la economía
es satisfacer las necesidades del consumidor que, como persona humana tiene el
derecho de reciprocidad al cumplir el deber de pagar por la mercancía comprada.
Si el
comerciante violenta estas normas, entonces el Estado debe aplicar la justa
sanción hasta la expulsión del mercado si fuere necesario, porque sería ilógico
que el agente destinatario del producto sea perjudicado.
El rol del
Estado a favor de la empresa, de cualquier sector de la economía, es crear la
infraestructura necesaria para estimular la inversión; pero no subsidiarla.
¿Quiénes pagan
el subsidio?. Dado que nuestra estructura tributaria se fundamenta en el
impuesto al consumo, los subsidios son cargados
a las personas de menores ingresos, incluyendo los desempleados.
El subsidio al
peaje, es pagado dos veces por los
usuarios: primero en impuesto, y, luego,
en cobro por servicio. Alguien debe responder por esta injusticia; el Estado como rector del bien común, y, sus
funcionarios, como gerentes al servicio de la comunidad nacional, tiene que corregirlo
para merecer la calidad de autoridades.
El Caso de la
energía eléctrica, si no el que más, estaría dentro de los primeros escándalos
de injusticia, tras la privatización.
Como este tema
lo hemos tratado casi en todas ediciones, solo queremos reiterar las líneas
básicas a que tantas veces nos hemos referido, ahora que la Administración de
la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE), incluyendo al Presidente de la República, han anunciado
la necesidad de rectificación.
Nuestro
criterio, desde el Consejo de Estado que presidió el Licenciado Rafael
Bonnelli, hace más de medio siglo, ha sido siempre el mismo: El servicio
eléctrico debe ser una empresa nacional mixta de capital estatal y privado, en
el que participen especialmente los industriales, dado que ellos son los
principales beneficiario; con apertura a
consumidores, trabajadores de la
empresa; con una gerencia unificada integrada por los Departamentos de
generación, distribución y contraloría, cuyos trabajadores, a todo los niveles,
sean escogido por su cualificada
formación administrativa, experiencia, actualización y moralidad
probadas, de modo que, al mismo tiempo,
se rinda un servicio de calidad a sus usuarios, y, estos paguen ni más
ni menos que el producto servido.
Las ganancias
excesivas del sector financiero, lejos
de reflejar desarrollo, solo expresa una concentración del poder de un sector
de la economía que manipula los demás agentes económicos incluso al Estado. Sin
embargo, nos ilumina en la percepción de la necesidad de fortalecer al Estado
como rector del bien común cuya fortaleza moral esté determinada por los
valores de austeridad, justicia, equidad, identidad nacional.
Un dato
alarmante es que la principal fuente de exportación sean los metales, con una
gran proporción de “chatarras”, que, proceden,
en gran medida, del robo y su principal motivación que son los
comerciantes que se abastecen de artículos robados.
En el acuerdo
con la Barrick Gold, existe un consenso general de que se trata de un paso de
avance, en relación con su gravísimo error original. Sin embargo, esto debe
llevarnos a tomar conciencia de la necesidad de regular todo el capital
extranjero, vale decir créditos e inversiones, a partir de lo que conviene al
bien común nacional, fundamento del desarrollo integral. El pensamiento
Duartiano, del que tanto se ha hablado en este año, nos ha legado una lección
con horizonte de eternidad:
“La Nación
dominicana es libre e independiente y no
es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra Potencia, ni el
patrimonio de familia ni persona alguna propia ni mucho menos extraña”.
En síntesis,
nuestra economía está enferma y debe ser sanada para que el crecimiento que se
exhibe se convierta en desarrollo, lo cual requiere un Estado fuerte, austero y
justo, y de conductores que encarnen la identidad nacional en función del bien
común.
