ANÁLISIS ECONÓMICO Abril - Junio 2013

ANÁLISIS ECONÓMICO

ABRIL - JUNIO 2013

E

l endeudamiento público, las quejas de CODOPYME, Tarjeta de crédito, baja calidad y altos precios de alimentos y medicina, ganancias excesivas del sector financiero, exportación de metales,  comportamiento de la Barrick Gold;  interés de algunos por el cooperativismo y rechazos de otros, elevada proporción de la economía de servicio,  son temas económicos que,  de manera muy particular,  nos mueven a reflexión.

Queremos  compartir con los lectores de Humanismo Integral, algunas inquietudes que, a nuestro entender, frenan el desarrollo del país, y son expresiones de injusticias, generadores de violencia y, consecuentemente perturban la paz personal y social,

Llama particularmente la atención que muchos de estos problemas son criticados por los funcionarios que el pueblo les paga para solucionarlos. La denuncia no es rol del funcionario, sino programar la solución en un proceso dinámico a corto, mediano y largo plazo.

La crítica, es el papel de las autoridades morales, cívicas y religiosas, cuya validez ética supone presentar las soluciones, encarnando siempre,  con su estilo de vida,  el cumplimiento de sus deberes en el ámbito que le corresponde, pues carece de seriedad reclamar a otros lo que en una situación similar el reclamante no haría.

El endeudamiento público, lejos de disminuir, se ha incrementado, con su secuela de encarecimiento de los servicios, hipoteca de los futuros ingresos, dependencia del poder  financiero,  inequidad entre gasto e inversión públicos, en definitiva, freno al desarrollo del país.

Las pequeñas y medianas empresas se quejan de que son discriminadas en las compras estatales.

Existe consenso entre los que procuran el desarrollo integral, que éste se alcanza mediante la participación de todos los miembros de la sociedad en todas sus riquezas. Dicho de otra manera, el verdadero desarrollo descansa esencialmente en la pequeña y la mediana empresa de autogestión y de cogestión, como son las cooperativas.

Es indudable que la tarjeta de crédito es uno de los peores medios de empobrecimiento. Todo crédito supone hipotecar los ingresos futuros.

A los educadores académicos, religiosos, radiales, televisivos, etc., les corresponde educar para el uso racional del ingreso; a los organismos financieros del Estado, establecer las normas reguladores que orienten el uso del dinero hacia el desarrollo en función del bien común, y, sancionar a los delincuentes que las violen.

Venta de productos vencidos, medicina falsificada es un atentado contra la vida. Los mercados desempeñan un papel fundamental en la economía, como medio de distribución, cuyos empresarios tienen derecho a obtener unos beneficios lícitos respetando el principio de equidad y calidad tomando en cuenta que el fin de la economía es satisfacer las necesidades del consumidor que, como persona humana tiene el derecho de reciprocidad al cumplir el deber de pagar por la mercancía comprada.

Si el comerciante violenta estas normas,  entonces el Estado debe aplicar la justa sanción hasta la expulsión del mercado si fuere necesario, porque sería ilógico que el agente destinatario del producto sea perjudicado.

El rol del Estado a favor de la empresa, de cualquier sector de la economía, es crear la infraestructura necesaria para estimular la inversión; pero no subsidiarla.

¿Quiénes pagan el subsidio?. Dado que nuestra estructura tributaria se fundamenta en el impuesto al consumo, los subsidios son cargados  a las personas de menores ingresos, incluyendo los desempleados.

El subsidio al peaje,  es pagado dos veces por los usuarios: primero en impuesto,  y,  luego,  en cobro por servicio. Alguien debe responder por esta injusticia;  el Estado como rector del bien común, y, sus funcionarios, como gerentes al servicio de la comunidad nacional, tiene que corregirlo para merecer la calidad de autoridades. 

El Caso de la energía eléctrica, si no el que más, estaría dentro de los primeros escándalos de injusticia, tras la privatización.

Como este tema lo hemos tratado casi en todas ediciones, solo queremos reiterar las líneas básicas a que tantas veces nos hemos referido, ahora que la Administración de la Corporación Dominicana  de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), incluyendo al Presidente de la República, han anunciado la necesidad de rectificación.

Nuestro criterio, desde el Consejo de Estado que presidió el Licenciado Rafael Bonnelli, hace más de medio siglo, ha sido siempre el mismo: El servicio eléctrico debe ser una empresa nacional mixta de capital estatal y privado, en el que participen especialmente los industriales, dado que ellos son los principales beneficiario; con apertura a  consumidores,  trabajadores de la empresa; con una gerencia unificada integrada por los Departamentos de generación, distribución y contraloría, cuyos trabajadores, a todo los niveles, sean escogido por su cualificada   formación administrativa, experiencia, actualización y moralidad probadas, de modo que, al mismo tiempo,  se rinda un servicio de calidad a sus usuarios, y, estos paguen ni más ni menos que el producto servido. 

Las ganancias excesivas del sector financiero,  lejos de reflejar desarrollo, solo expresa una concentración del poder de un sector de la economía que manipula los demás agentes económicos incluso al Estado. Sin embargo, nos ilumina en la percepción de la necesidad de fortalecer al Estado como rector del bien común cuya fortaleza moral esté determinada por los valores de  austeridad, justicia,  equidad, identidad nacional.

Un dato alarmante es que la principal fuente de exportación sean los metales, con una gran proporción de “chatarras”, que, proceden,  en gran medida, del robo y su principal motivación que son los comerciantes que se abastecen de artículos robados.

En el acuerdo con la Barrick Gold, existe un consenso general de que se trata de un paso de avance, en relación con su gravísimo error original. Sin embargo, esto debe llevarnos a tomar conciencia de la necesidad de regular todo el capital extranjero, vale decir créditos e inversiones, a partir de lo que conviene al bien común nacional, fundamento del desarrollo integral. El pensamiento Duartiano, del que tanto se ha hablado en este año, nos ha legado una lección con horizonte de eternidad:

“La Nación dominicana es libre e independiente y  no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra Potencia, ni el patrimonio de familia ni persona alguna propia ni mucho menos extraña”. 

En síntesis, nuestra economía está enferma y debe ser sanada para que el crecimiento que se exhibe se convierta en desarrollo, lo cual requiere un Estado fuerte, austero y justo, y de conductores que encarnen la identidad nacional en función del bien común.