LOS PRADOS: UNA COMUNIDAD ABUSADA

Ignacio Miranda

Durante 46 años he procurado ser algo así como un cronista de Los Prados, en Santo Domingo, destacando que se trata  del modelo más representativo de la clase media dominicana: elevado nivel de instrucción y equidad en los ingresos.

Al principio, se integró con matrimonios jóvenes, la mayoría profesionales y técnicos, procedentes del interior del país, que dieron a la comunidad su aire pueblerino caracterizado por los valores de la sencillez, solidaridad, unidad, religiosidad, armonía con el ambiente ecológico y social.

Fue la primera urbanización financiada por el sistema mutualista de  ahorro y préstamo destinado a la vivienda, con una equidad de 3% entre las tasas de interés pasiva y activa: al ahorrante se le pagaba 5% y el préstamo se otorgaba al 8%. De ahí que la vivienda valorada en RD$9,000, pagando una renta hipotecaria del orden de los RD$80 se saldaba  en 20 años por RD$20,000.

La oferta de la vivienda contenía como promoción: compromiso de que el residente se obligaba a vivirla, mantener su originalidad y, de modificarla, no podría elevarla por encima de dos niveles; facilidad de cobertura de todos los servicios para lo cual se destinó un solar para la edificación de agencias de oficinas públicas; salón multiuso, glorieta, andén para ancianos, etc.

Si los conductores de nuestra sociedad, comenzando por los políticos,  y los comunicadores,  se interesaran en analizar objetivamente  los aportes  políticos, económicos, culturales,  empresariales, académicos, intelectuales, hechos por  los residentes originales de Los Prados, y su descendencia,   en  favor del bien común nacional,  seguramente llegarían a la conclusión de que su  contribución ha sido determinante para alcanzar el  nivel de desarrollo en que se encuentra nuestro  país.  

A pesar todo lo expresado, esta comunidad ha sido,  históricamente,  víctima de todo tipo de maltrato por delincuentes comunes pero también por abuso de poder: robos, asaltos, atracos; deficientes  y caros servicios, contaminación ambiental tanto física como social,  inundaciones, etc.

Ese maltrato se ha ido incrementando con la construcción de edificios e instalaciones  comerciales que,  no solo carecen de parqueos, sino que por  su naturaleza contaminan el ambiente y consecuentemente atentan contra la salud.

En adición a lo expresado,  proliferan dealers y lavadero de vehículos, que expiden gases contaminantes y ocupan las acera, al extremo de dificultar la visibilidad de los conductores decentes; patanas que derriban los cables,  y motoristas que conducen por vía contrarias y aceras.

A esto hay que agregar, que muchos residentes originales son víctimas de que personas inescrupulosas,  visitantes o residentes en apartamentos,   lanzan todo tipo de de basura. Más aún, se ha hecho difícil la privacidad.

Estos abusos han llegado al extremo que el solar destinado a servicios público ha sido escamoteado e instalado en él una clínica con todos los riesgos y consecuencias que esto supone. Para colmo, en el resto del solar, ahora se construye un edificio de apartamentos frente al colegio y a la Iglesia, con el con la secuela de riesgo para la educación y el servicio religioso.

Es obvio que en adición al abuso de poder y la delincuencia, se suma la falta de unidad de la comunidad, el individualismo que favorece la inversión de valores de dar primacía a los intereses particulares sobre el bien común, la confusión entre pasividad y pacifismo.

Aún queda la esperanza de que el nuevo gobierno cumpla con su deber de gerente del bien común reivindicando una comunidad que tanto ha hecho por el país.

Dice la sabiduría popular que “la unión hace la fuerza”. Por lo tanto, esa esperanza debe ser fortalecida por la comunidad integrada a la Junta de Vecinos, dándose cada persona sí misma,  más que dando cosas materiales que les sobren, como expresión de la justicia conmutativa basada en la reciprocidad en la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes  y la libertad en el reclamo de los derechos.